Términos y condiciones de uso y contratación.

La Evaluación Preliminar de 15 minutos es sin costo (USD 0): permite identificar la categoría del asunto, revisar encaje y decidir si procede una propuesta. No incluye asesoría, dictamen ni revisión documental.

Antes de aceptar un encargo se revisan capacidad, conflictos, identidad y los requisitos de debida diligencia que correspondan a la actividad. No se utilizan información confidencial, recursos o posiciones incompatibles de otros clientes o relaciones profesionales.

La propuesta o carta de encargo identifica a las partes, jurisdicción, asunto, entregables, exclusiones, responsables, documentación necesaria, precio final en USD, impuestos aplicables, terceros, hitos, fechas y forma de pago. Se confirma por escrito y se facilita una copia conservable de las condiciones aceptadas.

Navegar, escribir un mensaje, reservar una evaluación o recibir un enlace de pago no constituye por sí solo aceptación de un asunto, mandato, representación ni compromiso de atender un plazo. La relación requiere aceptación expresa del profesional y del cliente; cuando corresponda, poder y formalidades adicionales.

Los honorarios de abogado respetan la tarifa mínima aplicable del Acuerdo N.° 609-A de 4 de junio de 2021 y sus modificaciones vigentes. Cada actuación se valora por el rubro que corresponda; la complejidad o el carácter permanente de la relación no autorizan a desconocer los mínimos. Las referencias de las guías no constituyen un presupuesto final.

Los precios se expresan en dólares de los Estados Unidos (USD). El presupuesto y la factura separan honorarios, ITBMS cuando legalmente corresponda y gastos de terceros previamente autorizados. No se agrega un impuesto si no es exigible. El cliente conoce el total antes de pagar; no se convierte automáticamente un precio de referencia en un cargo.

Tasas, notarías, Registro Público, certificaciones, traducciones, mensajería, viáticos y otros terceros no están incluidos salvo detalle expreso. Se justifican los desembolsos y se liquida el saldo no incurrido. Un trabajo extra o aumento de alcance requiere autorización escrita previa; no hay cargos ocultos.

El contrato de retainer tiene una vigencia inicial de doce meses desde su fecha de inicio. Se renueva automáticamente por períodos de doce meses si ninguna parte notifica por escrito su no renovación con al menos treinta días calendario antes del vencimiento. Esta condición se destaca en la propuesta y requiere aceptación expresa; no se acepta mediante una casilla premarcada o por silencio al navegar.

La mensualidad se factura al inicio del período contratado, preferiblemente con ciclos que comiencen el día 1 o el día 16, según el contrato. No significa que se cobren doce mensualidades anticipadas ni que se cargue automáticamente una tarjeta. Actualmente se paga mediante un enlace facilitado para la factura correspondiente; un eventual cargo recurrente requerirá autorización separada.

La reserva de capacidad mensual, horas máximas, alcance, porción destinada a disponibilidad y criterios de imputación de trabajo se detallan por escrito. La capacidad no utilizada no se acumula ni se transfiere. La política de cancelación distingue disponibilidad efectivamente mantenida de trabajo no ejecutado y fondos de terceros no gastados.

Puede solicitarse terminación anticipada con treinta días calendario de preaviso para reorganizar capacidad; no se acelera automáticamente el cobro del año pendiente. Se preserva la terminación inmediata o restitución que corresponda por incumplimiento, falta de disponibilidad o derecho imperativo.

Rige el derecho de la República de Panamá, incluida la normativa especial de la abogacía, los honorarios y el secreto profesional para servicios jurídicos. Las reglas generales de comercio electrónico, contratación, protección de datos y protección al consumidor se aplican en el ámbito que legalmente corresponda a cada relación.

Las referencias internacionales son orientativas salvo norma imperativa aplicable o alcance expresamente aceptado que sea compatible con Panamá. No se ofrece habilitación para ejercer derecho extranjero ni se desplaza una garantía obligatoria por elegir legislación panameña.

Las partes procurarán resolver diferencias por comunicación directa. Esta vía no impide acudir a la autoridad administrativa, profesional o judicial competente ni exige agotar un trámite interno para ejercer derechos o interrumpir plazos. No se impone arbitraje obligatorio por el solo uso del sitio.